Silenciadas por la violencia política

A tan solo dos meses de realizar elecciones generales en Guatemala y con tres mujeres en la cima de las previas encuestas a estas elecciones, hemos sido testigos de la influencia de mujeres en la política del país. Lamentablemente, sus participaciones han sido limitadas, ya que son oprimidas de distintas maneras. Thelma Aldana es un claro ejemplo de violencia política en contra de mujeres, ya que no ha podido ser inscrita y esto ha generado incertidumbre en la población.

Por otra parte, tenemos el ejemplo de Sandra Torres y Zury Ríos, donde la violencia política a mujeres políticas es selectiva; ya que a pesar de ser señaladas de poseer casos de corrupción e impedimentos legales, fueron inscritas.   

Guatemala se ha caracterizado por la poca participación política de mujeres. Durante muchos años, hemos presenciado la fuerte participación de hombres para optar al cargo a la presidencia; esta, es una señal de violencia contra la mujer en la política, que en muchas ocasiones todos los ciudadanos hemos pasado por alto.  

Según Jakeline Paredes, candidata a Diputada del Partido Convergencia, define que la violencia política contra la mujer política es “cuando nos niegan la oportunidad de ocupar cargos de elección popular, se considera como violencia y discriminación, porque por ser mujeres no nos dejan participar”.

Según el análisis “Mujeres y Poder” (2017), Guatemala ocupa uno de los puestos más bajos, tanto en la equidad de género en la representación en los organismos Legislativo y Ejecutivo, como en la aprobación de leyes de género.

En el Congreso de la República de los 158 diputados solo hay 31 mujeres participando, esto por factores como: el machismo y la discriminación,  que afectan en los ámbitos económicos, sociales, entre otros.

El Instituto Nacional Demócrata (NDI 2017), afirma que “las manifestaciones de violencia hacia las mujeres políticamente las categoriza de la manera siguiente: psicológica, física, sexual y económica”.

Situaciones sobrellevadas: Palabras hirientes, golpes, intimidación y opresión

Violencia Psicológica: “Implica comportamientos hostiles y abusos destinados a causar miedo y/o daño emocional. En política, esto puede incluir amenazas de violencia física, coerción, difamación, acoso sexual, boicot social (que ocurre cada vez más en las redes sociales) y actos con la intención de perjudicar el estatus social e imagen de las mujeres”.

“Si he sufrido de violencia política. Yo participé en campañas públicas en 2016 del tema LGBT ya que soy lesbiana, en donde me han escrito amenazas fuertes vía electrónica, específicamente en redes sociales”. (Sandra Morán)

Sandra Morán, feminista y Diputada del Partido Convergencia, menciona que ha sido una víctima más de violencia política contra las mujeres políticas en Guatemala, ya que es la única mujer en el congreso que ha roto los paradigmas sociales, esto, por tener orientación sexual a su mismo género, luchando así, por el movimiento LGBT en Guatemala; por esta razón ha sido discriminada por parte de la población.

Así mismo menciona que ha recibido burlas de sus mismo compañeros, los cuales son diputados, secretarias y empleados del Congreso, esto por declarar abiertamente su orientación sexual.     

Amenazas: “Las amenazas pueden ser indicaciones verbales o físicas de la intención de causar daño o cometer violencia. La coerción es la práctica de persuadir o forzar a una persona a hacer algo mediante el uso de amenazas o violencia”.

“En Santa Bárbara, cuando yo llegué, había un grupo de hombres, en donde iba un hombre por cada cinco mujeres. Cuando yo empecé a hablar, los hombres se dieron la vuelta  y me dieron la espalda, las mujeres no. Empecé a hablar más fuerte para que me escucharan si querían o no, igual me tenían que oír. Uno de los hombres, se paró a la par mía y con el machete me quería intimidar,  tenía miedo pero eso no me impidió seguir. Poco tiempo después, me gané a la comunidad, pero me costó”. (Jakeline Paredes)

Paredes nos cuenta su experiencia a lo largo de los años en la política, y lo difícil que es ser una mujer en este ámbito. En las comunidades de los departamentos aún sigue presente el machismo y discriminación hacia el género femenino. Es por esto que existe poca participación en la política por parte de las mujeres.

Sexual: “Comprende actos sexuales e intentos de actos sexuales por coerción, incluyendo comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas. Los ejemplos abarcan el acoso sexual (y hasta la violación) con el fin de obligar a las mujeres a “intercambiar” favores sexuales para ganar una candidatura en el partido o conseguir financiación”.

“Otro caso es cuando trabajé en el Congreso. Fui asesora y el ambiente es hostil para uno de mujer, primero todos te acosan, desde el Conserje hasta los Diputados. El primer día que llegué, fui asesora de Álvaro Velásquez; la secretaría que estaba ahí me dijo que no estaba el diputado, y además me preguntó si yo era la amante de él; me sorprendí de lo que me dijo”. (Paredes)

Económica: “Implica un comportamiento coercitivo para controlar el acceso a los recursos económicos. Por ejemplo: a las votantes se les puede negar fondos para coaccionar su voto o impedir que voten; a las mujeres políticas se les puede negar sistemáticamente el acceso a los recursos financieros y económicos a los que tienen derecho por ley (para la formación política o para la campaña) y que sí están a disposición de sus copartidarios masculinos”.

Paredes menciona que hay muchas diferencias en el ámbito económico, como ganar poco salario, esto se da muchas veces porque las mujeres ocupan los mismos cargos que los hombres y les pagan menos”.

Sin embargo, la violencia política contra las mujeres ha afectado en diversos países como México, Honduras, Bolivia y Brasil, los cuales son pocas las mujeres que quieren lograr empoderarlas en el ámbito político.

“Pese a todos los riesgos, me presenté porque este cargo me ofrece una gran oportunidad para alzar la voz a otro nivel, como legisladora, y tenemos mucho trabajo por hacer. Para mí es imprescindible ocupar estos espacios y abrirlos a otras personas”. (Elisa Zepeda, activista mexicana)

América Latina, solo posee el 27,3 por ciento de los puestos locales como miembros municipales o concejalas y solo se les asigna un aumento del 6,5 por ciento durante los últimos 10 años. En el proceso hay factores que obstaculizan diversos factores como el acoso, las amenazas e incluso la muerte que han hecho que esta carrera profesional sea una opción arriesgada. Así mismo, en el caso de Bolivia, la igualdad está garantizada y las mujeres representan el 53,1 por ciento del conjunto parlamentario, es el tercer porcentaje más alto a nivel mundial y el 44,1 por ciento del conjunto de concejalas y concejales en el año 2014.

¿Desde donde se desafía la equidad de género?

El NDI (2017) señala que las causas fundamentales de la violencia contra las mujeres en la política, son:

Causas institucionales: Considera la falta de mecanismos institucionales, leyes o políticas que impidan la discriminación o limiten la capacidad de las mujeres a participar en la vida pública. También incluye la ausencia de leyes o políticas que defiendan a las víctimas de esta violencia, y de normas o estructuras que abordan la violencia contra las mujeres en las instituciones políticas o que promuevan el liderazgo / participación femenina.

“Creo que si hay que reformar leyes pero no solo es una, sino varias. Esto se dio en Bolivia, donde unas parlamentarias propusieron leyes donde se establece la violencia contra las mujeres; ya que se pretendía eliminar la violencia que existe. Muchas de ellas terminan presas y no obtienen los mismo derechos”. (Paredes)

Según la Organización de Naciones Unidas Mujeres (ONU Mujeres, 2018) da a conocer el caso de Bolivia, en donde se cometió el asesinato en el año 2012, de  la concejala boliviana Juana Quispe quien había presentado denuncias por acoso y estaba promoviendo una ley para proteger a las mujeres políticas contra la violencia, además, el asesinato de la concejala Daguimar Rivera Ortiz unos meses más tarde, impulsaron la petición urgente de instaurar la ley 243 que aborda la violencia contra las mujeres en el ámbito de la política.

Además, la Organización de las Naciones Unidas Mujeres proporcionó asistencia técnica y financiera, donde se aplican sentencias de cárcel de dos a cinco años para cualquier persona que presione, persiga, acose o amenace a una mujer que ejerza funciones públicas y  sentencia hasta ocho años de cárcel para quienes cometan agresiones físicas, psicológicas o sexuales. Afirmó Leonida Zurita, asambleísta departamental de Bolivia.

“Se deben establecer leyes para que exista un trato justo y equitativo, ya que los principales agresores son los hombres, específicamente candidatos pero así mismo, también las mujeres”. afirmó Morán.

Causas socioculturales: Se originan a partir de normas discriminatorias de género, incluyendo aquellas que relegan a las mujeres a la esfera privada y privilegian a los hombres como políticos por naturaleza.

“En el caso de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, los dos son corruptos pero se diferencian en que él está en Mariscal Zavala, con todos los lujos y ella, en Santa Teresita, con menos privilegios, eso es violencia contra las mujeres políticas”. (Paredes)

Causas individuales: Abarca que las personas comprendan o reconozcan la violencia contra las mujeres políticamente activas, así como la falta de oportunidades, conocimientos o recursos disponibles para las mujeres en la política.

A más tiempo, menos participación de mujeres

Según Morán, las  consecuencias serían que no se discuta el fortalecimiento de la democracia, en donde las ideas progresistas no se conozcan y que las mujeres que quieran participar se les inhiba o prohíba, además de enfrentar  y arriesgar su dignidad por querer hacer un cambio.

La desigualdad y la discriminación tienen consecuencias en el tratamiento hacia las personas objeto de las mismas, en la manera de ver el mundo y de vivir las relaciones sociales en su conjunto; ello influye en las oportunidades y, por consiguiente, en la realización de capacidades y en el ejercicio de los derechos humanos (Ferrajoli, 1999. Facio, 2009. Torres García, 2010).

“Las consecuencias serían la poca participación de las mujeres, la falta de oportunidades porque así cambiaría la política en nuestro país”. (Paredes)

En la actualidad podemos ver que en Guatemala se tiene poca participación de parte de las mujeres debido a las consecuencias que se han dado durante los años. En el futuro si no se tiene un cambio en el país, la participación política de las mujeres se estancara y hasta puede llegar a disminuir.

¿y ahora qué? Las propuestas

“Lo primero sería la educación, para implementar temas sobre violencia de género, sexo y muchos tema más. Además de revisar la ley de telecomunicaciones, para incorporar de una forma social capacitaciones sobre los temas mencionados anteriormente.” Aseguró Paredes.

Según el NDI, la construcción de una nueva cultura política requiere cambios sustantivos en los partidos políticos y en los estilos de liderazgo. Se hace necesaria la renovación de la forma tradicional de hacer política y la erradicación de las prácticas consideradas como “naturales” en ese ámbito, pues la lesión de sus derechos humanos no es el costo que deben asumir las mujeres por participar en la vida política y pública.

“Cualquier tipo de violencia hay que erradicarla, es por eso que debemos realizar acciones y dejemos de utilizarla como herramienta de problemas y que estos no sean solucionados. Necesitamos aprender que los conflictos no se solucionan con violencia sino que con acciones y soluciones”. Dijo Morán.

La reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la educación sobre género, erradicación de discriminación y machismo y el hablar y hacer notar este problema ante la sociedad guatemalteca podría ser clave para elevar la participación de las mujeres en el ámbito político en Guatemala.